Deber sagrado

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El enfrentamiento al delito, en sus más diversas manifestaciones, constituye uno de los principios básicos del diario quehacer de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), de ahí que preservar la tranquilidad ciudadana, el orden y la disciplina social esté entre sus prioridades.

Sin embargo, no siempre la población advierte los resultados de los hombres y mujeres que integran las filas de esta fuerza, pese a su abnegada labor. Pero lo alcanzado en este empeño está ahí, contabilizado; aunque públicamente los logros de una batalla sin descanso no se perciben hasta reducir a la mínima expresión todo cuanto afecte al pueblo.

Por eso siempre, y en el afán de informar y brindar los datos precisos, claros, transparentes, buscamos las fuentes apropiadas, las idóneas. De ahí la consulta con Yosvani Eduardo Rivadulla, primer teniente y 2do. jefe de la Unidad de Vigilancia y Patrullaje Provincial de la PNR, para así acercarnos con discreción a cuanto se ha avanzado en un combate que involucra a muchos, a cuantos tienen el sagrado deber de consolidar los intereses y seguridad de la ciudadanía.

Coincidimos con este oficial cuando afirma que es un trabajo sistemático de toda la Policía en su actuar, y lleva una dinámica constante, con vistas a evitar las actividades ilícitas y el delito en todas sus manifestaciones; así como a las indisciplinas sociales, las cuales se encuentran cada vez más arraigadas.

Después del huracán Irma, se suscitaron daños en la producción agropecuaria, que por supuesto afectaron a la población. La Asamblea Provincial del Poder Popular dictó una indicación para el sector cuentapropista y estatal, en la cual se topaban los precios de los productos agrícolas, con el propósito de evitar ilegalidades debido, entre otras cosas, a los abusos que venían cometiéndose en contra de los consumidores.

De acuerdo con lo dispuesto, los agentes del orden público se volcaron hacia esa acción. Aplicaron multas de 700 pesos a quienes adulteraban los precios, y se les retiró la patente con la proposición de su cancelación. Estas demandas se hicieron al Ministerio del Trabajo de la provincia. Los precios ahora son topados y quienes violen lo dispuesto pierden la licencia.

En varios trabajos periodísticos hemos advertido cómo algunos carretilleros han ganado conciencia sobre este asunto; aunque faltan otros, la mayoría, por sumarse al cumplimiento de las disposiciones.

La PNR hace comprobaciones, pregunta a los ciudadanos a qué precio les venden la mercancía, y si perciben una violación a lo estipulado, de inmediato aplican las medidas dispuestas para estos casos, las cuales van desde las ya mencionadas multas hasta el retiro de la patente, incluso, si son reincidentes, pueden ser juzgados.

Bajo ninguna circunstancia las autoridades permitirán el abuso continuado, ese del que no ha podido escapar la población, convirtiéndose en la víctima de timadores y de personas carentes del menor respeto hacia sus conciudadanos.

Y no constituyen meras palabras. La confirmación de lo antes dicho es el siguiente ejemplo. Procedentes de las provincias de Sancti Spíritus, Matanzas y Mayabeque se detuvieron cuatro camiones cuya mercancía era transportada de forma ilícita por sus propios choferes. Esta fue enviada a los círculos infantiles, hogares de ancianos y hospitales.

Los conductores de tales vehículos llegaron a Cienfuegos violando las normas establecidas, sin una autorización del lugar de procedencia, y su actuación conllevaba al ánimo de lucro.

Delitos como estos no se permitirán. Quienes los cometan recibirán la sanción por sus desmanes.

 

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