Colores a los derechos LGBTIQ+

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Los derechos de la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ+) despuntan cada vez más dentro del debate público abierto en nuestra sociedad desde hace algún tiempo. Otra edición de las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia coloca en la mira el tema, esta vez desde los espacios virtuales a los que obliga la pandemia de la Covid-19, como resultado del necesario aislamiento. Pero luego de trece capítulos de estas celebraciones, ¿en qué punto estamos?, ¿qué se ha logrado exactamente?

Desde la irrupción del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) en 1989, podemos anotar varios hechos que pesan en la balanza: la despenalización de la homosexualidad como escándalo público, la reglamentación de la igualdad en el trabajo sin discriminación por orientación sexual y, más reciente, el reconocimiento de todos los cubanos ante la Constitución de la República, sin reparar en distinciones de sexo, raza, género u otras que resulten lesivas a la dignidad humana. Ahora se escriben y leen muy fácil, pero tales progresos solo caben en la explicación del fuerte activismo y la voluntad política que permitieron alcanzarlos.

No obstante, a juicio de este periodista, el mayor de los logros ha sido la saludable apertura de un diálogo nacional sobre los derechos de la población LGBTIQ+ en el país, suceso que debemos interpretar también como otro guantazo a la cultura machista de gran arraigo en el archipiélago. Las discusiones que precedieron a la aprobación de la Carta Magna que hoy rige el destino de los cubanos, visibilizaron la hondura de esa polémica, específicamente en torno al matrimonio igualitario y, por ende, a la construcción de la familia.

Es cierto, la consulta popular mostró entonces el alto grado de polarización imperante en la sociedad cubana en relación con estos asuntos, expresada en una pugna de criterios como quizás no se esperaba, desde los más conservadores hasta los más liberales. Sin embargo, esa conversación profunda, álgida y dividida, abrió el camino hacia otros escalones en la búsqueda de mayores cambios. Que ahora mismo hablemos de la eventual presentación de un nuevo Código de las Familias donde se reconozcan los derechos de las parejas homoafectivas al matrimonio y a la adopción —el cual será sometido a referendo—, es consecuencia, en parte, de la plática social que como nación decidimos sostener. En otros momentos de nuestra historia ni siquiera ello hubiera sido una posibilidad.

Claro, muchos apostábamos a más. A que de un golpe fuesen reconocidos los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba, a partir de la experiencia en otras naciones y como justa lección moral frente a los anticuados y discriminatorios presupuestos del patriarcado. Pero el sendero que transitamos, incluso cuando desagrade llevar a votación lo que consideramos legítimo, tampoco parece imprudente. Al final, antes o después, siempre resultará necesario el consenso de la mayoría, porque las leyes por sí solas no hacen la justicia ni desmontan de un tajo patrones de robustas raíces a lo largo del tiempo. Bien lo sabemos, y de sobra.

El diálogo continúa siendo, por tanto, la mejor carta para conseguir que “Todos los derechos para todas las personas” deje de escribirse como lema o consigna y pase a ser la realidad por la cual se lucha desde hace décadas. Las rupturas, intolerancias e incitaciones al odio no debieran convertirse en las armas de una población que ha sido víctima de ellas. Ese curso no llevará a ninguna parte ni transformará nada; es un resentido e inútil desvío de la ruta primaria que trazamos para lograr que los derechos LGBTIQ+ se pinten con los colores de su estandarte.

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Roberto Alfonso Lara

Licenciado en Periodismo. Máster en Ciencias de la Comunicación.

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