¿Cómo llega Chile al histórico plebiscito por la Reforma de la Constitución?

Tras más de un año de protestas contra el Gobierno, la ciudadanía decidirá si deja atrás la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet

Chile se prepara para votar el próximo 25 de octubre si quiere o no modificar la Constitución Nacional vigente, creada en 1980 durante la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990).

La población chilena fue convocada a la consulta popular tras el estallido social, iniciado en octubre de 2019, cuando buena parte de la ciudadanía decidió acompañar las manifestaciones contra la creciente desigualdad en el país, la falta de acceso a servicios básicos y el endeudamiento de las familias. Durante las protestas se registraron más de 30 muertos, así como miles de detenidos, violaciones a mujeres y heridos de gravedad por el accionar de Carabineros —la policía local— y las fuerzas militares, que el Gobierno de Sebastián Piñera sacó a la calle para reprimir, luego de que el presidente declarara el estado de emergencia y se refiriera al conflicto como una «guerra«.

El 15 de noviembre de 2019, en medio de una fuerte tensión política, el oficialismo y los espacios de oposición firmaron el ‘Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución’, que establecía las condiciones para dar pie al referéndum constitucional. Esto no pudo frenar la escalada de protestas ni la desmedida violencia con la que respondió La Moneda, cuya responsabilidad por los excesos ha sido denunciada por organismos de derechos humanos, tanto del ámbito local como internacional.

La Fiscalía investiga más de 5.558 denuncias de presuntas víctimas de violencia institucional.

Un manifestante es arrestado por la policía antidisturbios en Santiago, el 25 de septiembre de 2020./Foto: Martin Bernetti / AFP

Cómo será la votación

Más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para participar del plebiscito, aunque se espera una participación cercana al 60 % debido a la pandemia. Cumpliendo un estricto protocolo sanitario, los chilenos deberán responder, por medio del voto popular, si aprueban o rechazan la elaboración de una nueva Carta Magna. Además de la pregunta principal, los votantes decidirán qué órgano debería redactar la nueva Constitución, en caso de imponerse el sí. Esto habrá que hacerlo sin importar cuál sea la posición del elector respecto a la consulta anterior.

Hay dos alternativas posibles: 

  • Por medio de una Convención constituyente, integrada por 155 ciudadanos especialmente elegidos para llevar adelante la tarea. La misma sería disuelta una vez desarrollada la nueva Constitución. Este mecanismo tiene mayor apoyo de la oposición, ya que se prevé que será más participativo.
  • Mediante una Convención mixta de 172 miembros, integrada en un 50 % por parlamentarios en actividad y otro 50 % por ciudadanos electos para este fin.

Origen del conflicto social 

El 18 de octubre de 2019, organizaciones estudiantiles e independientes se manifestaron en Santiago, la capital de Chile, para protestar contra el aumento de la tarifa del Metro, que el Gobierno de Sebastián Piñera quiso subir de 800 a 830 pesos (1,04 dólares).

Ya en los días previos, miles de jóvenes organizaban evasiones masivas para no pagar la tarifa del transporte, en rechazo a la suba. Pero durante la jornada del 18 de octubre, la presencia policial en las estaciones generó una puja que se tornó cada vez más violenta, con incidentes, ataques incendiarios y varios heridos.

Para el día siguiente, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a una jornada de «protesta nacional». A partir de allí, la cantidad de participantes de las protestas creció, y se sumaron otros actores, como espacios gremiales, organizaciones civiles y políticas, independientes, entre otros.

Ante la creciente tensión, el presidente Piñera anunció la suspensión del aumento del boleto, pero a esa altura la decisión ya era anecdótica: el reclamo original había sido el disparador de muchas otras demandas.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago, el 13 de octubre de 2020./Foto: Claudio Reyes / AFP

Desenmarcarando al ‘país ejemplo’

Con un crecimiento anual del PBI de 4 % en 2018, Chile se exhibía ante el mundo como el país más próspero de Latinoamérica, un lugar más que propicio para las inversiones extranjeras y con una democracia consolidada y sin traspiés de ninguna índole. También era destacable su reducción de la pobreza, tras haber sacado de esa condición a 4 millones de personas desde el final de la dictadura, en 1990.

Lo que no se decía de Chile era que los beneficios de ese crecimiento solo llegaban a unos pocos privilegiados, mientras que el resto de la población debía lidiar con el endeudamiento, los bajos salarios, el alto costo de vida y una escasa movilidad social.

El restrictivo sistema educativo chileno, la falta de acceso a la salud, la privatización del agua y las magras pensiones, entre otras cosas, fueron el caldo de cultivo de un descontento que se mantuvo acallado durante 30 años.

Una élite política desconectada de la sociedad

El domingo pasado miles de manifestantes se congregaron en la Plaza Italia (rebautizada por los movimientos sociales ‘Plaza Dignidad’), en el centro de Santiago, para conmemorar el primer año del inicio de las revueltas. Los festejos se vieron empañados por nuevos actos de violencia, quema de iglesias, heridos y detenidos.

A días del referéndum constitucional, y sin haber podido todavía calmar los ánimos en las calles, cabe preguntarse por qué se ha llegado a esta instancia teniendo que lamentar 12 meses de violencia, abusos policiales, muertos y heridos, y no por la vía institucional, mediante el trabajo de los parlamentarios.

Para Sergio España, Magíster en Ciencia Política y director de la consultora Subjetiva, en buena medida tiene que ver con la poca capacidad del sistema político de Chile de introducir reformas, debido a que la Constitución de la dictadura establece cuórums muy altos que se requieren para modificar la Carta Fundamental o una ley, aún con las reformas que se introdujeron en 2005 durante la presidencia de Ricardo Lagos, quien tras los cambios la definió como «la Constitución democrática«.

Ante la falta de cambios, la bronca de las clases populares se alimentó de otros combustibles: «Hay varios aspectos que se fueron acumulando en esta especie de caldera social que nos tomó a todos bastante desprevenidos», dice el especialista en diálogo con RT.

«En Chile -apunta España- hay una élite política, económica, empresarial, que está bastante desconectada de lo que estaba pasando a nivel social. Parte de esta élite ha expresado muchas frases muy desafortunadas antes y después del estallido social, echando más pólvora al conflicto».

Acaso una de las más elocuentes sea la que emitió la primera dama, Cecilia Morel, y que circuló a través de WhatsApp apenas iniciadas las revueltas: «Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás«, confesaba la esposa del presidente a una amiga, en un audio de la red social. Morel también definía la situación de protestas en Chile como «una invasión extranjera, alienígena».

Según refiere España, esto se explica en el marco de un país dividido, estratificado socialmente a niveles más altos que otros de una región ya caracterizada por la desigualdad.

Hay una proporción de la ciudadanía que aspira quizás no a una transformación radical de un modelo económico, sino a que los beneficios sean más compartidos.

«La gente lo que quería era ser escuchada. Y justamente la negación durante tanto tiempo ha hecho que la explosión sea más fuerte. Creo que la derecha ha cometido muchos errores, y que el costo de esos errores hoy en día son muy altos, porque muchas de estas reformas a lo mejor se hubieran podido llevar a cabo antes, de otra manera», señala el especialista, aunque considera que el déficit de la clase política en Chile no es un problema de izquierda o derecha. Atañe a todos.

España también observa cierto maniqueísmo al presentar los políticos esta cuestión como una cosa de blanco o negro. «Hay una proporción de la ciudadanía que aspira quizás no a una transformación radical de un modelo económico, sino a que los beneficios sean más compartidos», advierte.

Y agrega: «Estamos encerrados entre la defensa acérrima del modelo y su destrucción total. Pero por el medio está el ancho camino de muchas personas que, fundamentalmente, lo que quieren es una distribución mejor de los beneficios de este mismo sistema económico. Y esto ocurre porque las brechas que existen respecto de los más ricos de este país son insultantes».

¿Qué cambios traería la nueva Constitución?

La consultora Subjetiva, que dirige el también periodista Sergio España, trabaja en un proyecto de opinión pública que durará dos años, lo que se estima que se extenderá el proceso constituyente, sobre participación ciudadana en el proceso constitucional.

Según se desprende de los primeros datos, hay una expectativa muy alta, aunque bastante contenida por el problema de la pandemia, sobre lo que va a pasar el 25 de octubre.

Pero lo interesante es el camino que se abriría después. Si se aprueba el proyecto, habrá una elección de constituyentes en abril, donde se podría lograr una representación ciudadana más inclusiva de sectores hasta ahora relegados de la vida política, por medio del sufragio popular. Dice España que esto ha elevado bastante la efervescencia, no tanto en la calle pero sí en las redes sociales y las conversaciones cotidianas.

Es que, con la nueva Constitución, se está buscando una mejor distribución del poder en muchos aspectos. «Por un lado, poner fin a un sistema muy presidencialista, ya que el Ejecutivo tiene muchas facultades que el Parlamento no, y eso genera mucha presión. También Chile es un país muy centralizado en la capital, en detrimento del resto de las regiones. Y existe un abuso permanente de las empresas en contra de los consumidores, así como una concentración en pocas manos de los recursos naturales», analiza el entrevistado.

Existe sin embargo una porción de la población que votará por el rechazo. Consultado sobre las razones que llevan a estos chilenos a inclinarse por la negativa ante la propuesta, responde España: «Yo creo que lo que tiene es temor. Temor a una incertidumbre política, a una afectación de la economía en los dos años de deliberación que siguen. Más teniendo en cuenta la incertidumbre que plantea esta pandemia. Y eso obviamente a personas de mayor edad y de mayores recursos las afecta».

No obstante, la respuesta final sobre el futuro político de Chile la darán sus propios ciudadanos el domingo en las urnas.

Tomado de Rusia Today

5 de Septiembre

5 de Septiembre

El periódico de Cienfuegos. Fundado en 1980 y en la red desde Junio de 1998.

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