Capacitación en pos de la eficiencia en la impartición de justicia
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Para impartir una justicia efectiva y transparente se requiere apego a la Constitución y a la legislación vigente, además de preparación. Bajo esas premisas, especialistas del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos (TPP) desarrollan disímiles acciones de capacitación.
Talleres e intercambios con auditores de la Contraloría General de la República (CGR) en la Perla del Sur marcaron el encuentro más reciente, oportunidad en que abordaron los contenidos de las Nuevas Instrucciones, dictadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, y aspectos vinculados al seguimiento y control de los inventarios.
Dichas instrucciones contribuyen a la implementación de algunos de los artículos de la Ley de Leyes de nuestro país. Por ejemplo, la Instrucción 244/2019 uniforma la práctica judicial en los procesos inherentes a la modificación de la capacidad de obrar, de goce o de ejercicio y sienta pautas procedimentales de recta observancia del proceso de incapacitación judicial, la restricción de la capacidad de obrar por razón de enfermedad o retraso mental y la restitución o graduación de la capacidad, según sea el caso.
Durante la capacitación, los auditores de la CGR abundaron en las distintas manifestaciones negativas asociadas al manejo y control de los inventarios, lo que provoca cuantiosos daños a la economía del país y genera, en no pocas oportunidades, procesos que se dirimen en los Tribunales a las distintas instancias.
Los Tribunales ejercen su jurisdicción en el territorio de las 15 provincias que comprende la división política-administrativa del país y existe, además, un tribunal con categoría provincial en el Municipio Especial Isla de la Juventud. Tienen su sede, por determinación del Consejo de Gobierno el Tribunal Supremo Popular, en el municipio cabecera de cada provincia y se integran por su presidente, vicepresidentes, presidentes de salas, y demás jueces profesionales y legos.
Además cuentan con unidades administrativas encargadas de asegurar el orden administrativo, en lo que concierne al régimen interior del tribunal y de los tribunales municipales populares de cada provincia, así como otras que garantizan la actividad judicial.
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