Bolivia: presidenta desestima elecciones en septiembre
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La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decidió este viernes no promulgar la ley que establece la nueva fecha para las elecciones en septiembre, y le pidió al Congreso un estudio epidemiológico que demuestre que será seguro votar el día 6 de septiembre.
Mediante una carta enviada a la presidenta del Senado, Eva Copa, cuestionándole la intención de llevar adelante los comicios a la brevedad posible, Áñez le solicitó a la legisladora del MAS un estudio “médico y científico”, en el cual se basa su decisión y la de su partido.
“Es comprensible y muy respetable que usted y otros dirigentes políticos quieran elecciones lo antes posible. Pero es aún más comprensible y más respetable que una enorme mayoría de los bolivianos sienta que esas elecciones son un riesgo enorme para la salud y la vida de cada familia en nuestro país”, escribió la mandataria, quien consideró que habrá un pico de casos de coronavirus entre julio y agosto.
De los diez candidatos presidenciales que se han registrado, Luis Arce, abanderado del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del mandatario depuesto Evo Morales, es quien encabeza las encuestas.
El pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había anunciado que Áñez iba a promulgar la ley que haría efectiva la fecha aprobada por el Congreso, y que habían consensuado los partidos políticos con el Tribunal Electoral Nacional a comienzos de mes tras un “paciente proceso de negociación, consultas y análisis” con todos los candidatos.
Para ser firme, la propuesta de celebrar elecciones presidenciales el próximo 6 de septiembre debía ser sancionada antes por la Asamblea Legislativa.
Los comicios, que en su fecha original tras el golpe de Estado estaban previstos para el 3 de mayo, se suspendieron por la pandemia de coronavirus y el máximo órgano electoral del país propuso que se llevaran a cabo entre junio y septiembre, pero hasta ahora no se había alcanzado un consenso para definir una fecha.
La decisión de Áñez de poner en suspenso la celebración de elecciones, acordada entre el Gobierno de facto y los demás partidos políticos, sume en la incertidumbre a Bolivia y de paso abona más dudas en la cuestionada gestión del Gobierno de facto.
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