Bolivia denuncia paro opositor que busca desestabilizar el país
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El vocero presidencial de Bolivia, Jorge Richter, denunció hoy que el paro convocado por grupos opositores para el próximo 8 de noviembre busca desestabilizar el país y causar daños económicos.
A mediados de octubre el ejecutivo comunicó la retirada de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas para “no dar lugar a confrontaciones entre bolivianos y, menos, a desestabilización», según comunicó oportunamente la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Sin embargo, movimientos gremiales, transportistas, cooperativistas y cívicos llamaron al paro indefinido a partir del 8 de noviembre, que busca derogar la Ley 1386, de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que está vigente y es considerada por esos sectores como la norma madre del proyecto anulado.
“Estas amenazas con desestabilizar el país o con generarle daño económico a Bolivia serán sin lugar a dudas evaluadas por el pueblo boliviano en el momento oportuno cuando tengan que tener una expresión sobre la conducta que asumen los sectores de oposición al Gobierno”, afirmó el vocero citado por el periódico Ahora el Pueblo.
Agregó que el propósito de paralizar las actividades en el país muestra que hay una intencionalidad política detrás de aquello que no quieren priorizar, como es el desarrollo de la economía y la producción.
“Pensamos siempre que el diálogo es el camino y que las medidas de presión sólo perturban lo que significa la reactivación económica, la reconstrucción de los espacios productivos del país, por lo que estas movilizaciones o paros no son otra cosa que políticos”, aseguró.
En este contexto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, se reúne con los sectores movilizados para exponer los alcances y el espíritu de la norma en cuestión y aclarar dudas.
Recientemente el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, explicó que la referida legislación no afecta a ninguno de los sectores que actualmente se movilizan, que son los gremiales, transportistas y mineros.
Precisó que están siendo utilizados por dirigentes que no representan los intereses de estos sectores, sino “los de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce”, apuntó.
Silva refirió que tal normativa posiblemente afecte a quienes se dedican al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, falsificación de dinero, corrupción, contrabando, entre otras actividades ilícitas.
Este domingo la ministra de la Presidencia lamentó que algunos grupos, por intereses políticos, busquen alianzas con dirigentes de sectores populares poniendo como excusa el rechazo a una norma que no afecta a la gran mayoría de la población.
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