63 medidas: hacer parir la tierra de modo más eficaz

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El 15 de octubre pasado un nuevo paquete jurídico anunciaba, desde la Gaceta Oficial número 115, que continúan las transformaciones en la agricultura cubana al calor de las 63 medidas aprobadas este año para el despegue de la producción.

Nuevas resoluciones del Ministerio de la Agricultura (598, 599 y 600),permiten reconocer como productor agropecuario al campesino vinculado a la rama, sin “ser propietario o usufructuario de tierras y que forma parte de la base productiva”, explica la primera de las normas.

Las restantes fijan especificidades de la vinculación de usufructuarios de tierras estatales ociosas con empresas estatales y cooperativas agropecuarias; y pautan el nacimiento de colectivos agropecuarios como nueva forma de gestión económica en el campo.

En el primer caso se benefician criadores de ganado menor —son más de 450 en la provincia de Cienfuegos— y también productores de miel, entre otros. El cambio no solo reviste carácter nominal: la condición de productor agropecuario acarrea ventajas concretas como “contratar fuerza de trabajo; recibir en usufructo instalaciones y medios estatales necesarios para el desarrollo de su actividad; y vincularse por medio de contratos a empresas u otras formas de gestión para cerrar ciclos productivos…”.

Cuentan, asimismo, con la posibilidad de realizar inversiones mediante créditos bancarios, una opción siempre ventajosa, pues el acceso a financiamiento es necesario para “mover” cualquier iniciativa en la economía.

De hecho, dentro de las 63 medidas tienen un rol decisivo las instituciones bancarias, facilitadoras de créditos para estimular la producción de alimentos. No es casual que a partir del 1ro de septiembre de 2021 comenzara a rodar la maquinaria del Banco de Fomento Agrícola en el país, sobre los ejes del de Crédito y Comercio (Bandec), aunque el Popular de Ahorro y el Metropolitano también incursionan.

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Mil 800 millones de pesos para incentivar el cultivo de la yuca, el plátano, el arroz y las frutas; también la ganadería. Están ahí y ejecutarlos depende, por una parte, de las empresas estatales, cooperativas y usufructuarios que no dejen ir la oportunidad; y, por otra, de cuán ágil sea el “papeleo”en el Banco, asunto “caliente” cada vez que la palabra crédito sale a relucir entre productores.

Tan “caliente” como la emisión de tarjetas magnéticas en moneda libremente convertible a campesinos, imprescindibles para cobrar retribuciones al sobrecumplimiento en entregas de leche, carne, etc. La morosidad en este asunto es caldo de cultivo para los molestos y penosos impagos por parte de las empresas. Como en otros territorios del país, en Cienfuegos el asunto no ha ido bien, según trascendió en la visita del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca a la provincia en noviembre pasado.

A manera de amparo legal a las necesarias transformaciones en la base productiva, nace asimismo la resolución 600 del Ministerio de la Agricultura. Su esencia —crear colectivos agropecuarios para aumentar la fuerza directa al campo— conecta así con un problema identificado en el diagnóstico del sector en el último decenio.

Los resultados de ese estudio, expuestos por el propio Tapia Fonseca en el espacio Mesa Redonda el 14 de abril de este año, arrojaban “sobredimensionamiento en estructuras estatales y empresariales”, y “excesivos intermediarios que abandonaron la función de producir, causa de encarecimiento innecesario entre el productor directo y el cliente final”.

Busca esta medida la eficiencia a partir del sentido de pertenencia del trabajador, vinculado a un área específica; persigue, asimismo, invertir la pirámide productiva estatal, para la que la base quede anclada al surco.

Serían, según explicita la norma, “trabajadores organizados en un centro de costo de una entidad estatal, empresa o Unidad Empresarial de Base para realizar una producción agropecuaria, con responsabilidad en el uso eficiente de las materias primas, el aprovechamiento de la maquinaria y la infraestructura…”.

Las 63 medidas llegan en un momento crucial para la economía cubana: la crisis pandémica y el bloqueo norteamericano imponen como nunca garantizar tierra adentro el sustento. Concretarlas depende de llevar hasta el más recóndito paraje de nuestros campos cada punto y coma de sus resoluciones y decretos leyes, para que no sea recurrente—como lo es hoy— escuchar que todavía campesinos y bases productivas no dominan “a pie juntillas” todo ese cúmulo de oportunidades para hacer parir la tierra de modo más expedito y eficaz.

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